Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
Han bastado unas pocas frases del ministro Albares para que, en plena escalada de tensiones en Oriente Medio, España recuerde a su poderoso aliado quién manda realmente en Rota y Morón. O al menos, para que lo intente. Porque el problema, a estas alturas, no es lo que dice la ley, que está clara. El problema es quién lo dice y con qué credibilidad cuenta.
El 3 de marzo de 2026, el jefe de la diplomacia española salió al paso de los rumores que circulaban en círculos diplomáticos y afirmó con rotundidad que Estados Unidos no está usando suelo español para bombardear Irán. Y añadió algo más: que si algún día lo intentara, no podría hacerlo sin el permiso expreso del Gobierno de España. Sobre el papel, es cierto. El convenio bilateral firmado con Washington en 1988 apuntala esa posición. Pero el papel, en este país, lleva años siendo un aliado poco fiable del relato oficial.
El problema de fondo es que el gobierno de Sánchez ha mentido en multitud de ocasiones. Lo ha hecho sobre asuntos menores y sobre cuestiones de Estado. Lo ha hecho con la naturalidad de quien asume que la comunicación política es un lodazal donde vale todo. Y esa deriva tiene un precio: cuando llega una crisis de verdad, cuando hay que creer una afirmación tan grave como que ninguna base española está siendo utilizada para una guerra, una parte importante de la ciudadanía hace lo que hace siempre: dudar. Poner en cuarentena. Y con razón.
Dicho esto, vayamos a lo que dice la ley, que es el único terreno firme en medio del charco de la propaganda. El Convenio de Cooperación para la Defensa de 1988 regula la presencia estadounidense en territorio español. Y su primer mandamiento es claro como el agua: las bases son españolas. Los americanos están ahí porque les dejamos (o eso queremos creer) y lo que hagan dentro de ellas tiene que pasar nuestro filtro. No hay cesión de soberanía, no hay extraterritorialidad. Hay un derecho de uso, condicionado y revocable.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo remachó: no se ha autorizado nada que se salga del guion. Porque el guion no contempla que Rota se convierta en plataforma de lanzamiento de ataques ofensivos contra Irán. Lo que contempla son destructores con capacidad antimisiles para defender, que no para atacar. Y contempla una fuerza en Morón pensada para intervenir en África, no para bombardear objetivos a miles de kilómetros. Hasta ahí, la teoría. El problema, otra vez, es la distancia que media entre la teoría y la práctica.
Conviene no confundirse con la OTAN. Sí, los barcos de Rota forman parte del escudo antimisiles de la Alianza. Sí, los marines de Morón están ahí para responder rápido si algo estalla en el Sahel. Pero el día a día de esas bases no lo rige el Tratado del Atlántico Norte, que es una declaración de intenciones colectivas, sino el acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos. Un acuerdo que obliga a que cualquier operación desde suelo español respete nuestras leyes y el derecho internacional. Y el derecho internacional, con la Carta de la ONU a la cabeza, prohíbe usar la fuerza contra otro país salvo en legítima defensa o con el visto bueno del Consejo de Seguridad. Cosas que, en el caso de un ataque a Irán, brillan por su ausencia.
Ahora bien, si alguien espera que la simple existencia de este marco legal tranquilice a una opinión pública que ha visto cómo se prometía una cosa y se hacía la contraria en todos los frentes imaginables, va listo. La credibilidad no se decreta. Se gana. Y cuando se dilapida durante años, afirmaciones como las de Albares entran por un oído y salen por el otro. No porque la gente sea “fascista”, sino porque la experiencia acumulada demuestra que lo que dice el Gobierno suele ser el primer borrador de lo que luego, con suerte, acercándose a la verdad, acaba sabiéndose.
Así que sí, España puede negarse al uso de sus bases para ataques contra Irán. La ley lo permite. El convenio lo sostiene. La tradición diplomática lo avala. Pero la política, la de verdad, la que se cuece en los despachos donde no entran las cámaras, tiene sus propias reglas. Y en esa cocina, lo que cuenta no es lo que se dice en público, sino lo que se negocia en privado. Por eso, cuando el ministro sale a la palestra a asegurar que no pasa nada, lo razonable no es creerle, sino exigirle. Porque el margen de confianza, sencillamente, se ha agotado.
En este país, la soberanía sobre las bases de Rota y Morón es indiscutible jurídicamente. La capacidad para ejercerla, en cambio, depende de una fuerza de la que carecemos y de la voluntad política de un gobierno que ha hecho de la falta de transparencia una seña de identidad. Y mientras eso no cambie, cada declaración oficial sobre este asunto llevará incorporada, de serie, una sombra de duda. La sombra que ellos mismos alimentaron a base de promesas rotas y medias verdades.
Así que, en resumen: la ley dice que podemos decir no. La realidad, bueno… La realidad es otra cosa.
