La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, presentó su dimisión tras ser denunciado por presunta agresión sexual y acoso a una subordinada. Este hecho ha provocado un debate en el ámbito político nacional, involucrando a miembros del Gobierno y de la oposición.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró que estaría dispuesto a dimitir si la víctima considera que no ha recibido la protección adecuada por parte de la institución. Esta manifestación se produjo durante una comparecencia en la que fue interpelado sobre la gestión interna ante las acusaciones contra el alto mando policial.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su respaldo al ministro Marlaska y afirmó este martes que el Ejecutivo tuvo conocimiento ese mismo día de la denuncia presentada contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, y que actuó “con contundencia” apartándole de manera inmediata de su puesto.
En una comparecencia ante los medios desde Nueva Delhi, en el marco de un viaje oficial a la India, Sánchez aseguró que desde el primer momento el Gobierno respaldó a la denunciante y procedió al cese del alto mando policial. “A partir de ahí, que la investigación se lleve hasta el final con todas las consecuencias”, añadió el jefe del Ejecutivo.
La denuncia, presentada el pasado 9 de enero por una agente de la Policía Nacional, se refiere a una presunta agresión sexual ocurrida el 23 de abril del año anterior. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró en el Congreso que no tuvo conocimiento formal de la querella hasta la tarde del martes y sostuvo que, de haberlo sabido antes, habría solicitado la renuncia inmediata del DAO.
Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó la versión ofrecida por el Gobierno. Feijóo afirmó que “no hay quien se crea” que el titular de Interior desconociera la existencia de la querella durante más de un mes y reclamó su dimisión o, en su defecto, su cese por parte del presidente del Gobierno. Además, recordó que fue Marlaska quien prorrogó la jubilación del DAO, destacando entonces su perfil profesional.
En paralelo, el presidente del Gobierno reprochó al líder del PP que no actúe con la misma contundencia en el caso del alcalde de Móstoles, denunciado por una exconcejala por presunto acoso sexual y laboral, e instó a la oposición a aplicar los mismos criterios de responsabilidad política.
También se pronunció la secretaria política de Podemos, Irene Montero, quien criticó que las decisiones se hayan adoptado únicamente tras la difusión pública del caso. Montero sostuvo que la denunciante habría quedado desprotegida y señaló la necesidad de revisar los mecanismos internos de protección dentro del cuerpo policial.
Por su parte, el abogado de la agente denunciante, Jorge Piedrafita, declaró en una entrevista televisiva que su clienta se siente “decepcionada”, aunque reconoció que, tras la intervención de la subdirección general de la Policía, fue atendida con “tacto”. El letrado manifestó su confianza en que el Ministerio del Interior garantice la protección adecuada a su representada durante el proceso judicial.
El caso ha abierto un debate político sobre la gestión de la información dentro del Ministerio del Interior y sobre los protocolos de actuación ante denuncias que afectan a altos cargos policiales. La investigación judicial continúa en curso y será el órgano competente el que determine las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos denunciados.
