La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Tribunal Supremo ha decidido no suspender de forma cautelar el real decreto que regula los requisitos para la creación y funcionamiento de universidades en España. La decisión, publicada el 30 de enero de 2026, responde a una solicitud presentada por cinco centros universitarios, incluyendo una universidad online con sede en Canarias y cuatro instituciones extranjeras que operan en el país. Estas entidades solicitaron la paralización inmediata de la normativa al considerar que su entrada en vigor podría causarles un perjuicio irreversible mientras se resuelven sus recursos judiciales.
En dos autos, el Tribunal Supremo argumentó que las medidas cautelares son recursos excepcionales y que en este caso no se ha demostrado un daño irreparable derivado de la aplicación del decreto. La norma, aprobada por el Gobierno de España en octubre de 2025, establece nuevas condiciones para la creación y mantenimiento de universidades, como un mínimo de 4.500 estudiantes, una oferta académica diversificada y requisitos administrativos orientados a garantizar la calidad educativa.
El decreto afecta a universidades públicas y privadas, si bien responde principalmente al crecimiento de centros privados en los últimos años. Requiere que las instituciones implementen controles administrativos y garantías adicionales para asegurar parámetros homogéneos en el sistema universitario. Fuentes consultadas en medios han destacado que el aumento de universidades privadas en las comunidades autónomas impulsó la regulación.
Los centros recurrentes, entre los que figuran la Universidad de las Hespérides, las estadounidenses CIS, Schiller y Saint Louis, y la guatemalteca Francisco Marroquín, deberán esperar la resolución final de sus recursos para conocer si el decreto se aplicará definitivamente o si se modificarán algunas disposiciones.
