La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja en la activación de nuevos traspasos de competencias a Cataluña y al País Vasco, en paralelo a la gestión de la crisis parlamentaria abierta tras el rechazo en el Congreso del decreto que incluía la revalorización de las pensiones y otras medidas sociales. El Ejecutivo considera estas cesiones territoriales un elemento central para mantener el apoyo del bloque de investidura hasta el horizonte electoral de 2027.
Fuentes del entorno gubernamental señalan que la estrategia de Moncloa combina dos planos simultáneos. Por un lado, la reconstrucción legislativa de las medidas económicas rechazadas esta semana, con el objetivo de garantizar la continuidad de la subida de las pensiones en los próximos meses. Por otro, la agenda territorial, concebida como un instrumento de estabilidad política ante la fragmentación de la mayoría parlamentaria.
En el caso del País Vasco, el Ejecutivo mantiene un calendario avanzado de transferencias acordadas con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Entre las competencias en negociación figuran ámbitos relacionados con inmigración y gestión aeroportuaria, con la previsión de cerrar los acuerdos antes de Semana Santa. El Gobierno interpreta este proceso como una señal de continuidad institucional en el cumplimiento del Estatuto y de los compromisos asumidos.
La situación es más compleja en Cataluña, donde la relación con Junts per Catalunya atraviesa un periodo de tensión. No obstante, Moncloa confía en reactivar la interlocución mediante avances concretos, entre ellos la delegación de competencias en materia de inmigración, bloqueada en meses anteriores. El Ejecutivo prevé que esta iniciativa vuelva al Congreso con ajustes formales y confía en que pueda obtener respaldo suficiente.
A estos movimientos se suman otros compromisos de carácter institucional, como la publicación de balanzas fiscales, el impulso al reconocimiento del catalán en el ámbito europeo y una mayor presencia de Cataluña en determinados foros internacionales. El Gobierno considera estas iniciativas parte de un marco más amplio de relaciones con los socios parlamentarios catalanes.
Desde Moncloa se descarta, por el momento, una vía de acuerdos estructurales con el Partido Popular, al considerar que esa opción no garantiza estabilidad política ni cohesión interna en el bloque gubernamental. En este contexto, el Ejecutivo prioriza la gestión de compromisos territoriales como mecanismo para preservar la gobernabilidad.
El desarrollo de estos traspasos se produce en una fase de la legislatura marcada por la gestión de equilibrios parlamentarios y la necesidad de asegurar apoyos puntuales para cada iniciativa. El Gobierno confía en que la combinación de acuerdos territoriales y ajustes legislativos permita mantener la actividad institucional hasta el final del mandato.
