Belén Casas
(España) Vicepresidenta del Ateneo Iberófono Juan Latino. Licenciada en Diseño Digital y máster en Creatividad Publicitaria. Diplomada en Estrategia, Geopolítica y Seguridad Internacional en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Ha cursado estudios de Comunicación Audiovisual, así como formación en escritura creativa. Su trayectoria combina creación visual y comunicación estratégica. Mantiene una sólida conciencia iberófona, reforzada por sus vínculos familiares con México. Actualmente se encarga de la gestión de redes sociales del periódico La Iberofonía.
Mekorot: Del agua palestina al agua argentina
Mekorot, la empresa estatal israelí del agua, señalada por organismos internacionales por su papel en el control y la distribución discriminatoria de los recursos hídricos en los territorios palestinos ocupados, avanza ahora sobre Argentina.
El periodista e historiador Gustavo Rojana ha advertido públicamente sobre el creciente interés israelí en el agua argentina. Según sus investigaciones, al menos 12 provincias del país ya han firmado convenios con Mekorot al margen de los mecanismos ordinarios de control, monitoreo y de la normativa vigente.
Estos acuerdos se habrían realizado sin licitación pública, sin consulta popular y mediante contratación directa, lo que ha generado una profunda preocupación en sectores sociales, ambientales y académicos. El carácter opaco de los convenios plantea interrogantes de fondo sobre la soberanía hídrica, la transparencia institucional y el futuro del acceso al agua como derecho humano.
El desembarco de Mekorot no es un hecho aislado. La empresa controla más del 80 % del agua en Palestina y ha sido mencionada en informes de la ONU por su rol en la redistribución desigual de un recurso vital en contextos de ocupación. Su modelo de gestión —tecnocrático, centralizado y orientado al lucro— se presenta en Iberoamérica bajo el discurso de la “cooperación técnica”, pero reproduce esquemas de desposesión y dependencia.
En Argentina, este proceso se enmarca en una política más amplia de privatización de bienes estratégicos, impulsada por el actual gobierno, que incluye la posible venta de AySA y reformas regulatorias que permiten el corte del suministro por deudas mínimas. En un contexto de empobrecimiento acelerado, el agua comienza a gestionarse como mercancía y no como un derecho básico.
La pregunta que se abre es ineludible:
¿Quién controlará el agua en Argentina y al servicio de qué intereses?
Defender la soberanía hídrica implica hoy mucho más que un debate técnico. Es una cuestión de autodeterminación, justicia social y futuro.
