Yenny Betancur
(Colombia) Yenny Betancur Gutiérrez, bacterióloga y laboratorista clínica de la Universidad de Antioquia, con especialización en Administración de Servicios de Salud de la Fundación Universitaria María Cano de Medellín. Se ha desempeñado en el área de procesos y administrativa del laboratorio clínico desde el año 2003. Integrante de la Vanguardia Colombiana de las VIS, actualmente es columnista. Combina su experiencia de vida con sus estudios y la lectura de las ciencias para llevar a cabo el análisis crítico de la realidad mundial.
El primer presidente que representa a la unión de “las izquierdas” en Colombia. De sus tres años de gobierno se pueden reconocer aciertos, como su intento de visibilizar la lucha de clases en un país históricamente marcado por la desigualdad, la lucha contra el narcotráfico y el paramilitarismo y su principal gestión, la reforma agraria, por medio de la cual redistribuyó tierras y reparó víctimas del conflicto armado. A finales de 2025, su gobierno reportó haber gestionado más de 2.5 millones de hectáreas, sin embargo; a pesar de los avances en adjudicación y compra, persisten críticas sobre la velocidad de la restitución judicial de tierras despojadas.
Petro ha logrado visibilizar la lucha de clases y dar voz a sectores históricamente marginados, lo que constituye un aporte significativo en la construcción de conciencia crítica. Campesinos, indígenas y trabajadores informales han ganado centralidad simbólica y política, con avances parciales en participación, redistribución de tierras y derechos. Esto amplía el campo de disputa cultural y política, condición necesaria para la reconfiguración del poder.
El gobierno ha instalado en la agenda pública la crítica a bancos y grupos económicos, abriendo grietas discursivas en la hegemonía liberal; esto fortalece la conciencia de clase. Ha empujado debates estratégicos que conectan explotación de la naturaleza y violencia con acumulación de capital.
Pero también es menester identificar errores estructurales derivados de su apego a la democracia liberal burguesa, así como limitaciones inherentes a sus proyectos vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
La emancipación no puede depender únicamente de reformas institucionales, sino de la capacidad de los pueblos para disputar el poder y construir alternativas más allá de los límites de la democracia liberal. Petro ha intentado transformar la sociedad colombiana a través de reformas dentro del marco de la democracia liberal. Teniendo en cuenta que el Estado burgués está diseñado para preservar la acumulación de capital y limitar proyectos redistributivos; el Congreso y las cortes, dominados por élites tradicionales, han bloqueado sus iniciativas.
La democracia liberal no es un terreno neutral, sino una forma histórica de dominación que canaliza la participación popular hacia procedimientos que legitiman el orden existente. Petro, al aceptar esas reglas, se ve atrapado en un juego donde las mayorías son neutralizadas por mecanismos institucionales. Pretender conseguir consensos dentro de la institucionalidad liberal, ha debilitado la capacidad de movilización popular, pues se privilegia la negociación parlamentaria sobre la construcción de poder desde abajo.
En cuanto a sus proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que promueven metas de sostenibilidad y en apariencia, buscan justicia social y ambiental; son impulsados por organismos internacionales que reproducen la lógica del liberalismo capitalista burgués globalizado. Petro, al alinearse con ellas, termina subordinando su proyecto a parámetros que no cuestionan la estructura de dependencia; tienden a ser paliativas y no transforman la base de la economía colombiana, que sigue dependiendo de la extracción de recursos y de la subordinación a mercados internacionales.
La Agenda 2030 traduce los conflictos estructurales (desigualdad, crisis ambiental, precariedad territorial) a indicadores técnicos; al adoptar marcos de sostenibilidad global, el gobierno se alinea con instrumentos que priorizan métricas sobre poder; como son los mercados de carbono, pagos por servicios ambientales, etc., sin disputar la base de la acumulación. Esto tiende a beneficiar al capital transnacional que internaliza la “sostenibilidad” como costo reputacional y oportunidad de inversión, mientras el Estado gestiona metas sin transformar la estructura productiva.
Los resultados mixtos del gobierno, muestran avances puntuales (como menor deforestación en ciertos periodos) coexistiendo con estancamientos y retrocesos en ejecución, un patrón típico de políticas orientadas por metas ODS, sin una estrategia de poder que reorganice la economía y la propiedad. La tecnocratización en la aplicación de la agenda 2030, despolitiza la lucha de clases: la pobreza y la desigualdad se convierten en “metas” gestionables, no en relaciones de explotación a disputar.
La adherencia a esta agenda lleva a la privatización del agua y los bosques; a la mercantilización de bienes comunes mediante esquemas de gobernanza y financiamiento que trasladan control y rentas hacia actores privados y multilaterales. En el ciclo de gobierno de Petro, la orientación hacia instrumentos de sostenibilidad compatibles con la Agenda 2030, como gestión por indicadores, proyectos financiados por cooperación, participación de empresas en soluciones “verdes”; ha favorecido la lógica de mercado en la gestión ambiental; no muestran una reconfiguración del poder sobre los territorios y los bienes comunes; más bien, persiste la tensión entre metas ambientales y la estructura extractiva que las contradice.
Cuando el agua y los bosques se gestionan como “activos” bajo métricas de eficiencia y sostenibilidad, se desplaza la soberanía popular por la gobernanza tecnocrática; que es una forma de privatización funcional. Sin control público robusto, propiedad social y planificación, la “protección” se convierte en captura de valor.
Así pues, a pesar del discurso redistributivo, la estructura de acumulación se mantiene. Los balances del tercer año muestran un gobierno con tensiones económicas y recortes, que termina administrando la escasez y la conflictividad sin reorganizar el poder; escenario que favorece al capital internacional, que opera con estabilidad regulatoria suficiente y sin planificación estatal fuerte. La inestabilidad política reduce la capacidad de imponer reformas estructurales, consolidando la continuidad de la acumulación bajo nuevas narrativas.
Durante el gobierno de Petro, la inestabilidad ministerial (58 cambios en 19 ministerios) y el ambiente legislativo adverso limitan la ejecución y profundizan la fragilidad de políticas clave (salud, energía, presupuesto, industrialización), con recortes y tensiones por intervención estatal, un síntoma de gobernar sin hegemonía, ni coalición estable.
El estado liberal es un dispositivo histórico de reproducción de privilegios, el gobierno queda atrapado en la “ilusión reformista”, donde el cambio se negocia en instituciones diseñadas para contenerlo. La consecuencia es el bloqueo de reformas y el desgaste del capital político, este es el funcionamiento normal del Estado burgués.
Con la crisis reciente en Venezuela, marcada por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el consiguiente reacomodo diplomático, se han profundizado las tensiones estructurales en Colombia y la región. Este episodio revela la persistencia del orden imperial y la subordinación de las economías periféricas a decisiones geopolíticas externas; la legitimidad liberal se usa para justificar intervenciones sin transformar las bases de la dependencia.
Este suceso, alteró el panorama electoral en Colombia, con precandidatos celebrando la intervención y reorientando el debate hacia seguridad fronteriza y alineamiento con Washington, un desplazamiento que reduce la autonomía estratégica y subordina la agenda nacional a la coyuntura geopolítica, debilitando cualquier proyecto de transformación independiente.
La crisis incrementa los riesgos de reconfiguración de los actores armados, contrabando y economías ilegales en la frontera, presionando la capacidad estatal colombiana y desviando recursos de políticas sociales hacia contención y seguridad. Esto refuerza el rol funcional de la violencia en la reproducción del orden desigual, al tiempo que legitima la intervención externa como “estabilización”.
Nuevas olas migratorias probables ante los ataques a Venezuela, impactan servicios públicos, empleo informal y planificación territorial en Colombia y países vecinos. Sin integración regional y banca pública coordinada, los Estados periféricos administran la emergencia con instrumentos tecnocráticos que no alteran la estructura de dependencia, la distribución del poder y la explotación sobre el trabajo y los medios de producción de la riqueza social.
La presión refuerza la necesidad de divisas en economías periféricas, empujando a mantener exportaciones de hidrocarburos y minería para sostener balanza de pagos y gasto social. Sin un bloque productivo regional y planificación soberana, la “transición energética” queda atrapada en la lógica de mercados internacionales y en la gobernanza ODS, indicadores sin poder, que no reorganizan la propiedad ni el control de la inversión.
La crisis venezolana expone que, sin banca y fondos regionales, cadenas productivas Iberoamericanas, soberanía sobre bienes comunes y coordinación política para disputar reglas de comercio, deuda e inversión, cada país administra la emergencia bajo subordinación. Iberoamérica necesita una arquitectura de planificación y propiedad social que permita reindustrializar y blindar la región frente a ciclos de intervención y crisis, de lo contrario, la democracia liberal seguirá operando como dispositivo de legitimación de la dependencia.
La salida no es perfeccionar indicadores, sino disputar poder: propiedad, control de la inversión y planificación, articuladas a una unión de las naciones Iberoamericanas, capaz de enfrentar el imperialismo depredador. Sin eso, las reformas seguirán siendo reformas, sin cambios de estructura.
El golpe a Venezuela no es un episodio aislado: es un catalizador que revela la estructura. En Colombia, profundiza el cerco institucional, desplaza la agenda hacia seguridad y alineamiento, y refuerza la continuidad extractiva y la mercantilización ambiental. En América, exhibe la fragmentación y la ausencia de un bloque con poder material. La lección es clara, para que el cambio sea real y significativo, Gustavo Petro tendrá que reconfigurar su proyecto: Sin unión Iberoamericana y planificación soberana de propiedad, control de la inversión y coordinación regional, las reformas seguirán siendo reformas, y el imperialismo seguirá dictando los límites.
