La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El gobierno de Estados Unidos ha decidido incluir a Venezuela y Cuba en una lista de países que deberán cumplir con una nueva exigencia migratoria: el pago de una fianza para la obtención de visas. La medida, que entrará en vigor el 21 de enero, obliga a los solicitantes de visas de turismo o negocios (tipos B1 y B2) a depositar entre 5.000 y 15.000 dólares como garantía de su retorno.
Este giro en la política migratoria de EE. UU. refleja una postura más estricta y responde, en parte, a la reciente captura de Nicolás Maduro, aunque no se ha vinculado oficialmente con este hecho. Lo cierto es que la medida afecta de manera directa a los ciudadanos venezolanos y cubanos, cuyas economías se han visto devastadas por años de crisis. Para los venezolanos, el pago de esta fianza representa un obstáculo económico prácticamente insalvable, dado el poder adquisitivo muy limitado que ha quedado tras una década de hiperinflación y desestabilización.
El Departamento de Estado ha establecido que el monto exacto de la fianza será determinado por los oficiales consulares en el momento de la entrevista, y que no garantiza la aprobación de la visa. Además, aquellos que paguen la fianza solo podrán ingresar a EE. UU. a través de tres aeropuertos: Washington Dulles, John F. Kennedy y Logan, y el incumplimiento de las condiciones podría resultar en la pérdida de la fianza y la denegación de futuros permisos de entrada.
Si bien la medida afecta a un total de 38 países, con Argelia, Nepal, Zimbabue y Uganda entre ellos, los analistas señalan que la inclusión de Venezuela y Cuba tiene un trasfondo geopolítico. La relación con la caída del chavismo en Venezuela y la vulnerabilidad de Cuba tras la interrupción de suministros, especialmente los provenientes de Venezuela, está detrás de esta decisión. Además, el presidente Donald Trump ya había advertido que Cuba podría caer si no se fortalecían las restricciones hacia el régimen de Maduro.
Esta nueva política representa una barrera aún mayor para las clases medias y sectores profesionales que buscan una salida legal ante las condiciones políticas y económicas insostenibles en sus países. La falta de acceso al dólar, clave para cumplir con este requisito, sigue consolidándose como un obstáculo definitivo para miles de venezolanos que, en su mayoría, no podrán afrontar semejante exigencia.
