Santiago Armesilla
(España) Doctor en Economía Política por la Universidad Complutense de Madrid con sobresaliente cum laude y doctorando en Filosofía por la Universidad de Salamanca. Licenciado en Ciencias Políticas, cuenta con dos másteres: en Análisis Político y en Formación del Profesorado. Ha sido investigador posdoctoral en el CONICET (UBA) y ha desarrollado una amplia carrera docente e investigadora. Es autor de varios libros, entre ellos Lenin. El gran error que hizo caer la URSS (Almuzara). Desde 2024 es rector del Instituto Beatriz Galindo – La Latina.
En mi canal de YouTube he dedicado varios vídeos a la cuestión migratoria en España. Desde mi entrevista con el policía Samuel Vázquez, una de las voces que más sabe sobre el asunto, hasta el directo con el saharaui Taleb Alisalem, donde estudiamos cómo Marruecos utiliza la inmigración como arma geopolítica contra España, pasando por el análisis que hicimos, en la sección de Noticias en Directo de mi canal, sobre los ya olvidados (el pueblo tiene memoria muy corta) incidentes de Torrepachecho. Alicia Melchor y yo dedicamos un par de vídeos a desentrañar la verdad sobre la inmigración, que juntamos en uno solo tiempo después . Sin embargo, nos ha faltado explicar algo decisivo para entender el fenómeno de la inmigración en España, y tiene que ver con las dificultades, o prácticamente imposibilidades, para poder remigrar, repatriar o expulsar inmigrantes de España. Eso sí, el expediente de iniciación de la repatriación es sencillo, pero muy complicado de ejecutar. Veamos por qué.
Según la actual ley de extranjería de España, la situación irregular de los extranjeros en nuestro país sería motivo más que de sobra para su expulsión. Pero, en la práctica, la ejecución de esto es muy complicada. De hecho, el pasado año 2024 solo fueron expulsados 3031 inmigrantes ilegales de España. Y no se sabe, a día de hoy, cuántos de ellos pululan por nuestro territorio. Pero se dice que podrían alrededor de 500.000. ¿Somos ya capaces de entender lo que supone la expulsión de 3031 inmigrantes ilegales de España de un total de 500.000? Es decir, un 0,6062% del total. Una ínfima cantidad. Y 3031 expulsados no es nada comparados, por ejemplo, con los llegados en el mismo año 2024 solo a Canarias de manera ilegal: 63.970.
¿A qué se debe entonces que tan poquitos inmigrantes ilegales sean expulsados de España? Muchos expedientes de expulsión se tramitan, pero el Ministerio del Interior no ofrece datos al respecto. Solo desde fuentes policiales es posible saber que alrededor de 160.000 trámites de expulsión al año son realizados en España. Pero los factores que imposibilitan que dichos trámites acaben en una expulsión definitiva del inmigrante son múltiples. Veamos cuáles son.
Todo ello, a pesar de que el Partido Popular, que aspira a gobernar España tras la plausible derrota de Pedro Sánchez en las urnas (cosa que, cuidado, podría no ocurrir), ha prometido la expulsión de inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos graves (como si ser un inmigrante ilegal no sea ya, de por sí, un delito grave, aunque habría que estudiar cada caso siempre), o sean reincidentes. Pero la ley de extranjería actual ya contempla estos casos. Por lo que el PP de Alberto Núñez Feijóo solo promete algo que ya existe. Muy típico en la mercadotecnia de los partidos políticos de las democracias liberales burguesas avanzadas. Sin ir más lejos, la actual normativa establece que la mera situación administrativa ilegal de un inmigrante es ya, de por sí, y como dejé claro antes en este mismo párrafo, una infracción grave que podría suponer la expulsión de España.
No obstante, los jurisconsultos especializados en inmigración y extranjería aseguran que, desde hace pocos años, esta circunstancia de ilegalidad no justifica, por sí sola, la expulsión de un inmigrante ilegal. Y esto es jurisprudencia. La cuestión es que la repatriación del ilegal solo debería aplicarse cuando existan factores agravantes, como por ejemplo el incumplimiento de una orden de salida obligatoria o tener antecedentes penales. Esto es, lo que el PP pretende anunciar como su gran promesa electoral, nada más y nada menos que cumplir la ley. ¿Pero qué pasa? Que la burocracia, la administración pública, esto es, el funcionariado se resiste a acatar esta lectura jurídica del caso. ¿Y por qué? Pues porque a pesar de que se sancionan muchas expulsiones de inmigrantes ilegales a diario en España, no se aplican. Hay que decir que existen límites claros a la expulsión de un inmigrante ilegal. Por ejemplo si se trata de residentes de larga duración, de solicitantes de asilo político o protección internacional, los MENAs (menores de edad no acompañados de adultos), mujeres embarazadas o personas con graves problemas de salud. Y desde hace 15 años, las cifras de expulsiones han ido bajando hasta las 3031 del año 2024. Sesenta menos que en 2023, que fueron 3091. Eso sí, en 2020 hubo 1834 expulsiones de inmigrantes ilegales, por lo que subieron algo tras la pandemia de la COVID-19. La excepción que confirma la regla. Porque desde 2009, año en que se expulsaron 13.278 inmigrantes ilegales de España (gobernando el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, por cierto), la cifra solo ha ido bajando.
Por tanto, se ejecutan poquísimas expulsiones de inmigrantes ilegales en España. La mayor parte de las mismas son hacia Iberoamérica, particularmente de ciudadanos de República Dominicana, Ecuador o Colombia. Curiosamente, las repatriaciones de magrebíes en general, y de marroquíes en particular, esto es, de personas socializadas en naciones musulmanas, es bastante menor. Y no digamos de personas africanas subsaharianas, la mayoría también de países de mayoría musulmana como Senegal o Nigeria. El 90% de los expulsados son personas con antecedentes penales y policiales, aunque también hay casos de inmigrantes ilegales que acuden a los consulados de sus países de origen y piden su propia repatriación. ¿Todavía cuesta entender que se repatrían muy pocos ilegales? Sabed que en 2024, de los 3031 expulsados (recordemos, un 0,6062% de un total de 500.000 inmigrantes ilegales en España), se llegaron a tramitar solo 51.025 expulsiones. El 10,205% del total de ilegales. Sigue siendo una cifra pequeña.
Establecidos los datos, ahora explicaré por que´es tan difícil repatriar inmigrantes ilegales de España. En primer lugar, por la negativa a acogerlos de los países de origen en su gran mayoría. Es imposible documentar al inmigrante ilegla en muchísimos casos. Las solicitudes de protección internacional o asilo bloquean la expulsión del país. Y la negativa del país de origen a aceptar a su nacional es muy común, así como la ausencia de autorización jurídica para la repatriación cuando el sujeto tiene causas penales pendientes. También es muy difícil localizar al inmigrante ilegal en España cuando no ha ingresado a un CIE, o Centro de Internamiento para Extranjeros, bien porque se mete ilegalmente en un piso patera, o en otro como okupa, o decide vivir en la calle, o porque ha conseguido empadronarse en algún municipio, algo más común de lo que se cree. Los recursos judiciales encaminados a ejecutar la expulsión del inmigrante ilegal, en estas circunstancias, acaban siendo suspendidos.
En países africanos como Marruecos, Argelia o Senegal se dan circunstancias particulares. En el caso marroquí, este país dice, de iure, que acepta el retorno de sus nacionales, pero de facto pone muchas trabas argumentando que se trata de argelinos y no de marroquíes, a pesar de todas las pruebas presentadas por España al efecto de la repatriación. Es decir, que Marruecos no quiere, por diversos motivos, a sus nacionales de regreso. Ya traté en un vídeo anterior cómo funciona el sistema político marroquí, una tiranía que tiene a un millón de sus compatriotas en España, muchos muy jóvenes en edad militar, con disposición al combate en forma de guerrilla contra España si Marruecos decide la definitiva invasión de Ceuta y Melilla. Es una quinta columna militar muy peligrosa. En el caso de los que de verdad son argelinos, pues desde 2022 España suspendió relaciones con Argelia debido al cambio de posición del gobierno de Pedro Sánchez respecto del Sáhara español ocupado por Marruecos desde 1975. Y eso hace que, desde entonces, Argelia no admita repatriaciones a su territorio de sus connacionales. Por lo que respecta a Senegal, se realizan muy pocos vuelos puntuales de repatriación porque este país del Sahel no acepta a sus nacionales, debido a que estos envían mucho dinero desde España a Senegal, lo que supone que su inmigración es una importante fuente de remesas al país. Aparte, las solicitudes de asilo político se usan, por parte de muchísimos inmigrantes ilegales de manera torticera, como vía para no ser expulsados. Está claro que llegan a España con los deberes bien aprendidos.
¿Y qué hace la administración pública española al respecto? Pues lo que se llama, en jerga funcionarial, silencio administrativo. La resolución tácita, a nivel burocrático, del asunto. Esto favorece a los inmigrantes ilegales en riesgo de expulsión, y particularmente a los que tienen España como lugar de paso para ir a otras naciones de Europa. Así, y debido a este silencio administrativo, la gran mayoría de inmigrantes ilegales que pasan por España no son detectado por ningún cuerpo policial. Y el Estado, así, se ve desbordado porque no solo no quiere, sino que, parece ser, no tiene capacidad de aplicar todas las ordenes de expulsión. España, hoy, no dispone de medios suficientes para ejecutar la gran cantidad de expedientes de repatriación de inmigrantes ilegales, que demandarían una logística estatal más eficaz y efectiva, que permita localizar ilegales, tener una mejor diplomacia al respecto, una influencia mayor con las aerolíneas que traen ilegales a España hasta nuestros aeropuertos y, también, para coordinar distintas administraciones autonómicas, pues con el Estado de las 17 autonomías que tenemos con la Constitución de 1978, también se agrava el problema de la inmigración ilegal. Así pues, dentro del régimen de 1978, y también en este tema, no ya solución.
