La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La investigación judicial sobre Bachellier S.A. ha revelado que la sede declarada de la empresa no corresponde con la actividad y los montos facturados en operaciones con distintos organismos de la administración pública nacional.
Un operativo de la Policía Federal Argentina en Villa Crespo constató que la infraestructura de la sede no es compatible con la gestión de una compañía que percibió más de 1.641 millones de pesos en dos años derivados de contratos de seguros estatales.
La causa involucra a Nación Seguros Sociedad Anónima, entidad estatal que desde un decreto presidencial de 2021 centralizó las contrataciones de seguros de dependencias públicas. Dicho decreto fue firmado durante el mandato de Alberto Fernández (en la foto) como Presidente de la Nación Argentina y, a través de intermediación, otorgó importantes comisiones a firmas aseguradoras, entre ellas Bachellier S.A., representada por Héctor Martínez Sosa.
La Cámara Federal confirmó el procesamiento judicial de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa y otros, y ordenó la continuidad del expediente en tribunales federales. El tribunal atribuyó a Bachellier S.A. conductas presuntamente incompatibles con la administración pública, señalando indicios de intervenciones deliberadas de la empresa en las operaciones investigadas.
La investigación comenzó tras la publicación de información periodística que expuso la existencia y operativa de contratos vinculados a Nación Seguros Sociedad Anónima y la participación de funcionarios en la adjudicación de comisiones.
El juzgado federal bajo la supervisión del juez Sebastián Casanello evalúa posibles irregularidades administrativas y responsabilidades penales de las personas involucradas.
