Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
La Transparencia Electoral ha difundido un informe preelectoral que analiza el contexto de las Elecciones Generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras, en el que identifica un escenario marcado por confrontación institucional, injerencia de distintos actores, limitaciones presupuestarias y riesgos operativos. El documento, elaborado tras reuniones con autoridades electorales, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, describe una situación de alta polarización política y desconfianza social que afecta directamente la preparación de los comicios. La versión completa del informe puede consultarse en https://transparenciaelectoral.org
El informe destaca la existencia de una crisis institucional derivada del deterioro en la relación entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Según el análisis, la confrontación entre ambas instituciones ha generado retrasos en decisiones clave y ha alimentado la incertidumbre jurídica. Entre los señalamientos se incluye la negativa a sesionar del magistrado Mario Morazán, así como un antejuicio promovido por el Ministerio Público contra dos magistrados del TJE por supuestas actuaciones irregulares.
El reporte también menciona la intervención de otros actores estatales. El Ministerio Público divulgó audios relacionados con un presunto plan de fraude, lo que fue interpretado por diversos sectores políticos como un acto de presión. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Honduras solicitaron copias de actas presidenciales, una acción cuestionada por especialistas en derecho electoral y por partidos de oposición, que consideran que supera sus atribuciones constitucionales.
En materia presupuestaria, el Congreso Nacional cerró sesiones sin aprobar los fondos adicionales solicitados por el TJE y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), lo que afecta tanto la tramitación de apelaciones electorales como la supervisión del financiamiento político. El documento señala además que continúa pendiente la publicación completa de contratos vinculados a tecnología electoral, entre ellos los relativos al sistema de transmisión de resultados, la conectividad satelital y la identificación biométrica.
La desconfianza social constituye otro elemento central del análisis. Una encuesta citada en el informe indica que el 75 % de la ciudadanía manifiesta poca o ninguna confianza en el CNE y que el 46 % cree probable un fraude electoral. Este clima se ve agravado por la violencia política: hasta agosto se registraban cinco candidatos asesinados, un indicador que el estudio califica como señal de riesgo temprano.
El simulacro electoral del 9 de noviembre mostró fallos tecnológicos, incluidos problemas de transmisión, escáneres con deficiencias y falta de conectividad, además de dificultades logísticas en algunos centros de votación utilizados como albergues. El CNE ha reconocido estos fallos y ha señalado que podrían ser corregidos mediante un segundo simulacro.
En materia de rendición de cuentas, solo el 43 % de los candidatos se ha acreditado ante la UFTF, mientras que en las primarias 85 precandidatos electos no presentaron informes financieros. El documento concluye que los comicios avanzan en un entorno de alta tensión derivado de la judicialización del proceso, la falta de recursos, la polarización política y la debilidad tecnológica, y subraya que la integridad de la jornada dependerá de la actuación independiente de las instituciones y del respeto a los resultados oficiales.
