Yenny Betancur
(Colombia) Yenny Betancur Gutiérrez, bacterióloga y laboratorista clínica de la Universidad de Antioquia, con especialización en Administración de Servicios de Salud de la Fundación Universitaria María Cano de Medellín. Se ha desempeñado en el área de procesos y administrativa del laboratorio clínico desde el año 2003. Integrante de la Vanguardia Colombiana de las VIS, actualmente es columnista. Combina su experiencia de vida con sus estudios y la lectura de las ciencias para llevar a cabo el análisis crítico de la realidad mundial.
El análisis de la realidad política colombiana en el marco de las elecciones parlamentarias de 2026, exige una mirada trascendental. Colombia no es un Estado soberano, es un cuerpo político anémico, un campo de batalla de intereses geopolíticos y luchas identitarias. Si el Estado no controla su territorio, no garantiza su economía y no legitima sus instituciones, simplemente deja de existir como tal para convertirse en una colonia administrativa, como lo que en este momento esta sufriendo el pueblo argentino, con sus dirigentes libertarios, que han decidido subastar su territorio y como ha sucedido durante estos más de 200 años con la mayoría de nuestros países hermanos Iberófonos.
El liderazgo de Iván Cepeda en el Congreso y su proyección hacia la presidencia y Aida Quilcué hacia la vicepresidencia, representan la consolidación de la “izquierda extravagante”, entendida desde las coordenadas del Materialismo Político y Filosófico, en Colombia. Esta corriente ha sustituido la lucha por la soberanía nacional, la industrialización y el control de los medios de producción, por una agenda de identidades fragmentadas, reformismo, ética abstracta y “derechos humanos” entendidos desde una óptica “globalista” en sentido capitalista liberal burgués, usados para imponer el modelo económico imperante actual e intervenciones a los Estados soberanos.
La propuesta de la “Paz Total” que Cepeda pretende continuar, partiendo del proyecto del gobierno de Gustavo Petro, es una idea metafísica, ya que, en la realidad sólo sería posible una paz relativa y bajo la hegemonía del Estado, transformando las condiciones materiales, por lo tanto, este plan no es un mecanismo de orden, sino una forma de desactivación estatal, ya que, al negociar de manera simétrica con estructuras criminales y paraestatales, el Estado renuncia a su esencia misma de monopolio de la violencia legítima y el control del territorio. Integrando a guerrillas, paramilitares y bandas criminales en un marco institucional; no se eliminan las condiciones estructurales que producen la violencia (despojo, desigualdad, dependencia del capital transnacional), por lo tanto, aunque se reduzca la guerra abierta, no se puede alcanzar una paz total.
Un posible gobierno bajo esta influencia profundiza la balcanización del país, donde la soberanía se fragmenta con el pretexto de la “justicia transicional”, y la “reparación”. En este escenario, el trabajador colombiano queda desprotegido, pues ya no hay un Estado fuerte que discipline al explotador o al criminal; sólo queda una burocracia de los derechos humanos que gestiona la miseria.
En el corazón de esta fragmentación está el indigenismo financiado, que representa el principal impedimento para una real insubordinación de la clase trabajadora.
Según Santiago Armesilla, la sustitución de la categoría de “clase social” por la de “etnia” es el mayor éxito del capitalismo en el siglo XXI. El apoyo económico masivo que reciben los movimientos indígenas, proveniente tanto del presupuesto nacional como de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID, crea una suerte de aristocracia identitaria. Este flujo de capital inyecta recursos en resguardos y autonomías que funcionan bajo leyes propias rompiendo la unidad nacional. El trabajador, tanto urbano como rural, percibe al indígena no como un compañero de lucha, sino como un competidor que goza de privilegios territoriales financiados, lo que garantiza que el descontento social nunca se unifique en un proyecto nacionalista de gran escala, sino que se diluya en disputas particulares por la tierra y los subsidios, pero a parte de estos identitarismos indigenistas, se promueven y apoyan múltiples categorías identitarias tanto culturales como étnicas, de género y religiosas, que generan una dispersión ideológica y neutralizan la unión y subordinación de la clase trabajadora.
Esta estructura de división está respaldada por una red de influencia donde la Open Society Foundations (OSF) juega un papel determinante. La financiación de la OSF hacia ONGs ecologistas e indigenistas constituye lo que se puede calificar como imperialismo de los derechos humanos o imperialismo ecológico. Al inyectar capital en colectivos que utilizan el activismo judicial para bloquear proyectos estratégicos de minería, energía e infraestructura, se impide que Colombia explote la base material necesaria para su propia defensa e industrialización. Bajo el pretexto de la protección ambiental radical y el cumplimiento de acuerdos como el de Escazú, potencias ya desarrolladas logran, a través de estas fundaciones, que países en desarrollo permanezcan en un estado de parálisis productiva. Se trata de una guerra híbrida donde no se utilizan tanques, sino abogados y activistas para maniatar la capacidad de planificación del Estado.
Frente a este avance, “las derechas” colombianas se muestran incapaces de articular una defensa soberana. La fragmentación entre el legalismo ciego de Paloma Valencia, el esteticismo populista de Abelardo de la Espriella y la tecnocracia de Juan Daniel Oviedo, evidencia la ausencia total de un proyecto nacional-popular; así pues, Valencia se catapulta sobre instituciones ya capturadas por agendas externas, historial de corrupción y terrorismo estatal, De la Espriella ofrece el espectáculo de la fuerza sin base productiva, y Oviedo representa la visión de un país convertido en una mera unidad administrativa al servicio del capital. Estos representantes de “las derechas”, encarnan la defensa del capitalismo liberal y la subordinación al vecino hegemón imperialista depredador de Norte América y sus aliados, reforzando la dependencia estructural de Colombia en el panorama geopolítico. Esta debilidad y extrema polarización política y social, se manifiesta en la crisis de legitimidad del sistema electoral y la desconfianza generada por la alteración de los formularios E14, síntomas de un Estado que ha perdido la capacidad de garantizar su propia transparencia y orden interno.
Colombia se enfrenta a su posible desaparición como unidad política efectiva. Si el rumbo no se corrige mediante una insubordinación soberana, el destino del país es convertirse en un conjunto de protectorados gestionados por ONGs internacionales y bandas criminales, mientras la población permanece dividida en tribus identitarias. La única salida viable es la recuperación de la idea de nación: expulsar la influencia de las fundaciones extranjeras en la toma de decisiones estatales, disolver las autonomías basadas en la etnia y otros identitarismos, en favor de una ciudadanía única y lanzar un plan de industrialización centralizada que ponga los recursos estratégicos al servicio del poder nacional. Solo así podrá Colombia dejar de ser una pieza en la subasta geopolítica y convertirse en un actor con voluntad propia en el escenario internacional.
En conclusión, las elecciones parlamentarias de 2026 en Colombia no sólo reflejan una disputa electoral, sino una crisis estructural de hegemonía. La fórmula vicepresidencial de Cepeda con Quilcué introduce un componente indigenista que, aunque simbólicamente poderoso, se encuentra limitado por la cooptación, ya que el financiamiento a movimientos indígenas fortalece su visibilidad, pero neutraliza su potencial de insubordinación. En el tablero geopolítico, Colombia sigue siendo un espacio de disputa donde la clase trabajadora enfrenta la tarea histórica de superar la fragmentación y construir poder autónomo. La emancipación no vendrá de pactos moderadores ni de financiamientos externos, sino de la capacidad de la clase trabajadora de articular un proyecto propio, materialista y soberano, capaz de enfrentar las estructuras del capital.
