Adrián Sánchez Sallán
(España) Editor en La Iberofonía, especialista en defensa y geopolítica. Combina su profesión como técnico en procesos industriales con sus estudios en el programa de Experto Universitario en Materialismo Político en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es portavoz del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Hay un límite a partir del cual la paciencia deja de ser una virtud cívica y se convierte en complicidad silenciosa. Ceuta lo cruzó hace semanas. El pasado 30 de julio, más de 80.000 personas entraron de golpe desde Marruecos y arrasaron la capacidad de una ciudad de apenas 85.000 habitantes, y desde entonces sus vecinos no han dejado de salir a la calle. No una vez. Todos los días. Y aun así, el Gobierno de España ha tardado un mes —un mes entero— en dignarse a declarar oficialmente que aquello era, en efecto, una “situación de interés para la seguridad nacional”.
Un mes de vecinos durmiendo con la angustia de no saber qué va a pasar con su ciudad. Un mes de servicios públicos reventados. Un mes de una comunidad entera sintiéndose sola, mientras en Madrid se preparaba, con toda la parsimonia del mundo, un decreto. El 26 de agosto, más de 2.000 ceutíes se plantaron frente a la Delegación del Gobierno para gritarle a la cara al Ejecutivo lo que llevaban semanas diciendo en cada esquina: basta de inacción. Y lo más grave no es solo la cifra, es quién más lo dice: el propio presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha respaldado públicamente esa indignación. Cuando el máximo responsable institucional de un territorio se pone del lado de la calle y no del Gobierno del que depende, algo se ha roto de forma muy seria en la relación entre esa ciudad y el Estado.
Un Gobierno que llega tarde y encima se equivoca
Y cuando por fin reaccionan, ¿qué hacen? Proponen meter a los migrantes en los polideportivos de la ciudad. Así, sin más, como si Ceuta fuera un almacén y no una comunidad con nombres, apellidos e hijos que necesitan ese polideportivo para hacer deporte, no para ver cómo su Gobierno improvisa sobre la marcha con la vida de todos. La respuesta ciudadana fue tan contundente que el propio ministro Ángel Víctor Torres tuvo que retirar la propuesta con el rabo entre las piernas, pidiendo “comprensión” a una gente que lo único que ha pedido desde el primer día es que alguien, por una vez, gestione esto con seriedad y no a bandazos.
El 27 de agosto, casi un mes después de que la crisis estallara, el ministro compareció por fin ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso. Un mes. Treinta días de fotos de indignación, de calles llenas, de una ciudad que grita, para que en Madrid se decidieran a explicar algo en sede parlamentaria. Esto no es gestionar una crisis: es dejar que la crisis gestione sola, mientras el Gobierno se limita a poner parches cuando la presión mediática aprieta demasiado.
Y mientras Ceuta arde, ¿quién más estaba jugando en la sombra?
Y aquí viene lo que de verdad debería quitarnos el sueño a todos, no solo a los ceutíes: mientras el Gobierno tardaba un mes en reaccionar a una entrada masiva de 80.000 personas, empieza a asomar la posibilidad de que aquello no fuera un fenómeno espontáneo, sino algo orquestado desde fuera. El colectivo hacker Jabaroot hackeó y filtró, entre el 24 y el 25 de agosto, varios archivos con los nombres, números de identificación profesional y fecha de incorporación al servicio de unos 70.000 presuntos agentes de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) y la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) marroquíes. El propio colectivo sostiene —conviene ser muy claros en que esto es, por ahora, su versión y no un hecho probado de forma independiente— que entre esos documentos hay órdenes de misión de agentes desplazados a la zona fronteriza de Fnideq justo antes y durante la avalancha del 30 de julio.
No es un dato menor que, entre los nombres que ya han podido contrastarse con registros oficiales, figuren al menos cinco miembros de la propia Embajada de Marruecos en Madrid, según la comparación realizada por The Objective con la relación diplomática acreditada en España: entre ellos, el número tres de la legación, un ministro plenipotenciario incorporado a su puesto en 2023 tras haber sido jefe de la división de América Latina en el Ministerio de Exteriores marroquí. Es decir, no hablamos de una lista abstracta de setenta mil nombres sin rostro: hablamos de personas con despacho en Madrid, acreditadas ante el Estado español, que aparecen vinculadas documentalmente a los servicios de inteligencia de un país que, según todos los indicios, tuvo algo que ver con lo ocurrido en nuestra propia frontera.
Lo que no es una simple insinuación de hackers es la respuesta del propio aparato de seguridad marroquí. Según ha recogido ECSAHARAUI, el comunicado conjunto de la DGSN y la DGST del 27 de agosto no se atreve a negar que esos datos personales sean reales. Se limita a decir que no los robaron de sus sistemas y a apuntar, vagamente, hacia aseguradoras u organismos sociales sin nombrar a ninguno. Traducido: el propio Marruecos admite que la información sobre esas personas es auténtica. Y si es auténtica, la pregunta que cualquier español debería estar haciéndose a gritos es: ¿estaba España, una vez más, sirviendo de escenario para una operación orquestada desde fuera, mientras su propio Gobierno tardaba treinta días en llamar a las cosas por su nombre?
La indignación que nadie debería tener que pedir perdón por sentir
No hace falta ser de Ceuta para entender la rabia de sus vecinos. Han vivido en primera persona el colapso de su ciudad, han visto cómo su Gobierno improvisaba con sus polideportivos antes de improvisar con soluciones de verdad, y ahora empiezan a intuir que, además, puede que ni siquiera hayan sido protagonistas de su propia crisis, sino piezas de un tablero movido desde fuera de nuestras fronteras, con nombres de agentes ya sobre la mesa y una embajada en Madrid salpicada por los mismos archivos. Que el presidente de su propia ciudad tenga que salir a respaldar la indignación popular, en lugar de que sea el Gobierno de España quien la escuche desde el primer día, es un fracaso que no admite matices ni excusas de calendario administrativo.
Ceuta no está pidiendo nada extraordinario. Está pidiendo lo mínimo que cualquier territorio español debería poder exigir sin tener que gritarlo cada día en la calle durante un mes: que el Estado la defienda, la escuche y actúe a tiempo. Que no lo haya hecho, y que encima existan indicios —por confirmar, pero indicios al fin y al cabo— de que detrás de todo esto puede haber una mano extranjera moviendo los hilos, debería doler a cualquiera que se sienta parte de esta nación, esté donde esté.
En los siguientes enlaces puedes consultar las lista completas publicadas por Jabaroot:
