La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a una red de empresas de controlar durante 27 años los contratos de material electoral en buena parte del país, y situó su origen en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. «Es un cochinero» y «una mafia electoral que se reproduce entre ellos», afirmó la mandataria al presentar el caso.
La investigación, elaborada por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, con fuentes abiertas, registros empresariales y CompraNet histórico, señala a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas como cabezas de un entramado de empresas fachada que simulaban competir en licitaciones de material electoral. Ambos comenzaron a trabajar en 1983 en el Registro Nacional de Población (Renapo), a cargo de Juan Carlos Padilla Aguilar, quien después los llevó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) durante el gobierno de Salinas. Padilla milita hoy en el partido Somos, donde también participan exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) como Lorenzo Córdova y Marco Antonio Baños.
Cuando Padilla dejó el gobierno federal para ocupar cargos en el Estado de México, los hermanos abandonaron la administración pública y comenzaron a constituir empresas: Formas Finas en 1992 y Cartonera Plástica en 1999, ya como proveedora electoral mexiquense. En 2005, un contrato de 63.7 millones de pesos a su favor derivó en la renuncia de siete consejeros electorales locales.
Según el gobierno, entre 2014 y 2023 —coincidiendo con la presidencia de Córdova en el Consejo General del INE— estas empresas obtuvieron contratos por 2.094 millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), y otros 646.3 millones entre 2024 y 2025, hasta sumar 2.740,3 millones de pesos. Entre las empresas citadas figuran Cajas Graf, Seriplaste México y Corporativo SED.
Sheinbaum cuestionó que Córdova no haya actuado pese a tener atribuciones para supervisar la contratación en los organismos electorales estatales, y recordó que la reforma electoral de 2014, nacida del Pacto por México, trasladó del Congreso local al INE la facultad de nombrar a esos consejeros. El gobierno investiga además un posible lavado de dinero y confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas a partir de una solicitud de la Auditoría Superior de la Federación. La presidenta reconoció no saber si la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, y los hermanos Hernández Casillas siguen en México.
Padilla Aguilar se deslindó públicamente: aseguró no tener contacto con José Alfredo Hernández Casillas «desde 1993, hace más de 30 años», y acusó a Sheinbaum de buscar «desviar la atención y golpear a Somos». El partido anunció que la demandará, junto con Buenrostro, por difamación.
Sheinbaum anunció además cambios para reforzar Talleres Gráficos de México, la empresa estatal, con el fin de producir más insumos electorales dentro del propio Estado antes de los comicios de 2027.
