La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Banco Central de Paraguay inició un procedimiento de resolución sobre Ueno Bank, una de las mayores entidades digitales del país, tras detectar que su solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. La medida dejó bloqueados de forma inmediata la aplicación, las tarjetas y el resto de servicios del banco, y provocó que miles de ahorristas se agolparan en sucursales sin poder acceder a su dinero.
Entre los afectados hay trabajadores, jubilados, comerciantes y beneficiarios de programas estatales que utilizaban Ueno Bank para cobrar sueldos y prestaciones. También quedaron congelados fondos públicos, incluidos los del Instituto de Previsión Social (IPS) y distintas cajas jubilatorias, lo que amplió el alcance social de la crisis más allá de los clientes particulares.
La intervención tuvo una derivada política inmediata: Carlos Carvallo, presidente de Ueno Bank, renunció a pedido expreso del presidente Santiago Peña. El mandatario paraguayo fue socio del grupo empresarial propietario de la entidad hasta marzo de 2025, un vínculo que ahora lo coloca bajo escrutinio público en medio del colapso del banco.
La Fiscalía abrió investigaciones contra directivos de la entidad y ya dictó órdenes de detención en el marco de las pesquisas sobre el deterioro patrimonial que llevó a la resolución. El caso ha puesto el foco sobre el entramado empresarial que controlaba Ueno Bank y sobre las decisiones regulatorias que permitieron que la entidad operara con un nivel de solvencia muy por debajo de lo exigido antes de que el Banco Central actuara.
El organismo regulador activó el mecanismo de garantía de depósitos, que cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante. Ya se realizó un primer pago de 10 millones de guaraníes, aunque persisten dudas sobre qué ocurrirá con los montos que superen ese límite, dejando a numerosos ahorristas en la incertidumbre sobre la recuperación total de sus fondos.
La escena de clientes sin acceso a sus ahorros y con servicios bancarios congelados ha reavivado en Paraguay la comparación con el corralito argentino de 2001, cuando el Gobierno de ese país restringió la extracción de depósitos y desató una crisis social y política de gran magnitud. Aunque las dimensiones y el contexto macroeconómico son distintos, la analogía refleja el temor de la población paraguaya ante la posibilidad de perder el control sobre su dinero.
El caso Ueno Bank combina ahora tres frentes simultáneos: una crisis financiera que afecta directamente a sectores vulnerables de la población, una investigación judicial sobre posibles responsabilidades de sus directivos, y una crisis política que interpela al propio presidente Peña por sus antiguos vínculos empresariales con el grupo propietario de la entidad intervenida.
