La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México, Aureliano Hernández, confirmó ante la Cámara de Diputados que dos grupos empresariales defraudaron al Instituto Nacional Electoral (INE) y a otras entidades públicas con operaciones por 8.870,3 millones de pesos entre 2014 y 2026.
Hernández presentó los datos al entregar el Segundo Paquete de Informes de las auditorías a la Cuenta Pública 2025, en el marco de investigaciones de inteligencia que la ASF realiza «de oficio» sobre presuntos escándalos de corrupción en el organismo electoral mexicano.
Según explicó ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara Baja, del monto total detectado, 3.790,3 millones de pesos correspondieron a organismos electorales locales. El funcionario detalló que «se identificó que proveedores de una de las empresas analizadas trabajaron con empresas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras, esto por 21,3 millones de pesos, y otra de estas empresas se encuentra suspendida en el padrón de importadores».
Las llamadas «empresas factureras» son sociedades que emiten comprobantes fiscales de operaciones inexistentes o simuladas, un mecanismo habitual de fraude fiscal y de desvío de recursos públicos en México. La ASF también detectó empresas «fantasma», es decir, sociedades registradas formalmente pero sin trabajadores ni actividad real, utilizadas para justificar contratos y pagos que no corresponden a servicios efectivamente prestados.
Hernández añadió que «se observaron elementos relevantes sobre la estructura y operación de estas empresas, tales como operaciones entre sociedades de los mismos grupos», lo que sugiere un entramado de empresas vinculadas entre sí para mover recursos entre ellas.
El caso se suma a un historial de señalamientos sobre la gestión de contratos y proveedores en el INE, institución responsable de organizar las elecciones en México y de cuya credibilidad depende buena parte de la confianza ciudadana en el sistema electoral del país. La ASF es el organismo técnico encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en México y reporta sus hallazgos directamente al Congreso.
Por el momento, los datos presentados corresponden a hallazgos de auditoría y a investigaciones de inteligencia en curso, sin que se haya informado de la apertura de procesos penales o de la identificación pública de las empresas señaladas. Tampoco se ha precisado si las irregularidades implican a funcionarios concretos del INE o se limitan a la relación contractual con proveedores externos.
La Cámara de Diputados deberá ahora dar seguimiento a estas conclusiones, en un contexto en el que la fiscalización del gasto electoral mexicano vuelve a quedar bajo escrutinio.
