La “modélica” democracia británica veta a la escritora Sally Rooney por atreverse a financiar la causa palestina

El Reino Unido se une a la purga de Israel y prohibe libros para proteger el negocio de las armas.

Montaje editorial sobre el veto a los libros de Sally Rooney en el Reino Unido por su apoyo a Palestina.

Belén Casas Belén Casas

(España) Vicepresidenta del Ateneo Iberófono Juan Latino. Licenciada en Diseño Digital y máster en Creatividad Publicitaria. Diplomada en Estrategia, Geopolítica y Seguridad Internacional en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Ha cursado estudios de Comunicación Audiovisual, así como formación en escritura creativa. Su trayectoria combina creación visual y comunicación estratégica. Mantiene una sólida conciencia iberófona, reforzada por sus vínculos familiares con México. Actualmente se encarga de la gestión de redes sociales del periódico La Iberofonía.

El panorama cultural del Reino Unido acaba de recibir una lección magistral de lo que verdaderamente significan la “libertad de expresión” y los “valores occidentales” en pleno siglo XXI. La aclamada autora irlandesa Sally Rooney —responsable de éxitos globales como Gente normal e Intermezzo— ha visto cómo sus libros son retirados por completo del mercado británico. La razón no es un veto comercial, sino la aplicación de la implacable maquinaria de la legislación antiterrorista del Reino Unido.

El desencadenante de esta situación se remonta a la decisión del Gobierno británico de proscribir e ilegalizar al grupo de protesta Palestine Action, catalogándolo como “organización terrorista”. ¿Su delito? No cometer atentados contra la población, sino ejercer la acción directa y el sabotaje contra instalaciones de empresas armamentísticas (como la israelí Elbit Systems) que operan en suelo británico.

Desde una perspectiva legal, la trampa es evidente, el sabotaje no es terrorismo en el código penal por la sencilla razón de que daña máquinas y propiedad privada, no vidas humanas. Los códigos penales juzgan el sabotaje industrial de forma independiente como un delito menor contra el inventario o los bienes de una empresa.

La verdadera paradoja es que, mientras el Estado moviliza todo su aparato judicial para proteger las mercancías y los beneficios de las fábricas de armas israelíes, esas mismas corporaciones producen los componentes que, según la ONU y UNICEP, perpetúan el genocidio palestino con más de 64.000 niños asesinados o mutilados. Sin embargo, en el manual de Occidente, romper el stock de los mercaderes de la muerte te convierte en terrorista, pero fabricar las bombas para perpetrar crímenes de guerra te consolida como un negocio protegido por la ley.

Ante esto, Rooney no se mordió la lengua y publicó un artículo manifestando de manera honesta que utilizaría las ganancias de sus libros para apoyar económicamente a la organización.

Ahí es donde la “tolerancia” británica mostró sus costuras. Bajo la Ley de Terrorismo del Reino Unido, financiar a un grupo proscrito conlleva penas de hasta 14 años de cárcel. Ante la imposibilidad legal de transferirle las regalías a la autora sin cometer un delito penal grave, su editorial, Faber & Faber, ha tenido que detener la distribución de toda su obra en el país. La propia Rooney ha tenido que cancelar viajes a Londres por un riesgo real de ser arrestada.

Este escándalo encaja a la perfección en la deriva ideológica de una Europa que presume de libertades mientras estrecha el cerco sobre la disidencia. Como bien recordó en su momento la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al afirmar que Europa se cimienta sobre los “valores del Talmud”, el sistema actual ha dejado claro dónde están las líneas rojas. Cuestionar el complejo militar-industrial de Israel o solidarizarse con la resistencia palestina ya no se debate en el terreno de las ideas; se etiqueta automáticamente como antisemitismo y se procesa mediante el código penal.

Mientras las democracias occidentales se jactan de su superioridad moral frente al mundo, la realidad es que los libros de una de las autoras más leídas del planeta ya no se pueden suministrar en el Reino Unido por razones estrictamente políticas.

Inevitable no acordarse de la novela distópica Fahrenheit 451, donde Ray Bradbury nos dejó una advertencia que hoy resuena no sólo en Londres con una vigencia escalofriante: “No hay que quemar libros para destruir una cultura. Solo hay que hacer que la gente deje de leerlos”. El sistema británico parece haber perfeccionado la distopía. Ya no necesita hogueras públicas en las plazas como en Fahrengeit; le basta con activar el código penal, asfixiar las regalías a través de la ley antiterrorista y hacer desaparecer los libros de las estanterías para blindar los contratos de la pólvora mortífera israelí.

Una paradoja digna también de de una de las novelas de la irlandesa Rooney, pero esta vez dolorosamente real.

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