La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El excongresista Martin Romualdez, expresidente de la Cámara de Representantes de Filipinas y primo del presidente Ferdinand Marcos Jr., fue detenido el pasado lunes 7 de septiembre, acusado de un delito de malversación (plunder) vinculado al escándalo de corrupción en los proyectos de control de inundaciones que sacude el país desde hace más de un año.
Una orden de detención servida en el hospital
La Sandiganbayan, el tribunal filipino especializado en delitos de corrupción, emitió la orden de detención contra Romualdez y otros tres acusados después de que la Oficina del Defensor del Pueblo presentara cargos formales por presunta malversación. La orden le fue notificada en el Cardinal Santos Medical Center de San Juan, donde permanecía ingresado esa misma tarde por un “episodio cardiovascular” y tensión inestable, según confirmó el secretario del Interior, Jonvic Remulla. Romualdez permanece bajo custodia policial, con agentes armados apostados en la puerta de su habitación, y previsiblemente será trasladado a la cárcel de Quezon City en Payatas, centro de detención designado para los casos relacionados con este escándalo, en cuanto reciba el alta médica.
Acusado de recibir 7.440 millones de pesos en comisiones ilegales
Según la acusación de la Fiscalía, Romualdez, congresista por el primer distrito de Leyte, y el excongresista Zaldy Co recibieron al menos 7.440 millones de pesos filipinos (unos 128 millones de euros) en comisiones, participaciones, sobornos y otros beneficios financieros, en al menos quince ocasiones entre 2022 y 2025, procedentes de contratistas y otras entidades con intereses en proyectos de control de inundaciones, infraestructuras y otras obras públicas financiadas con los presupuestos nacionales de esos años.
El Defensor del Pueblo detalló que Romualdez habría impuesto a Co una cuota mensual de 2.000 millones de pesos, y que parte del dinero se entregaba en distintas propiedades vinculadas al excongresista, siendo recibido por su asistente personal, Joselyn Tragua Serenio —también acusada en la causa—, así como por Felicito Cristobal Guevarra, presidente de la empresa de cambio de divisas Samchan Foreign Exchange Corp. Según la Fiscalía, cerca de 5.000 millones de pesos de esas comisiones se habrían utilizado para constituir sociedades instrumentales como Golden Pheasant Holdings Corporation, Braavos Holdings Opc y Valiant Consolidated Resources.
El caso, calificado por el Defensor del Pueblo como construido a lo largo de siete meses de investigación, se apoya en el testimonio de varios testigos, entre ellos el exviceministro de Obras Públicas y Autopistas Roberto Bernardo y el exingeniero de distrito de esa misma cartera en Bulacán, Henry Alcantara. El delito de malversación no admite fianza en Filipinas. Romualdez ha negado reiteradamente cualquier irregularidad y ha declarado que afrontará las acusaciones a través del proceso legal, sosteniendo que su responsabilidad penal debe determinarse en función de las pruebas presentadas ante el tribunal.
Un escándalo que ya se ha cobrado varias cabezas políticas
La detención de Romualdez llega en el marco de un escándalo de corrupción que estalló en 2025, cuando el propio Gobierno reconoció que una parte sustancial de los fondos destinados a miles de proyectos de control de inundaciones —muchos de ellos “proyectos fantasma” nunca construidos o de calidad deficiente— habían sido malversados. El secretario de Finanzas, Ralph Recto, cifró las pérdidas para el erario público entre 42.300 y 118.500 millones de pesos solo entre 2023 y 2025.
El caso ya había provocado anteriormente la dimisión de Romualdez como presidente de la Cámara de Representantes, la salida del presidente del Senado, la creación de la Comisión Independiente de Infraestructura para investigar los proyectos irregulares, y varias oleadas de protestas masivas en Manila y otras ciudades del país, entre ellas la llamada “Marcha del Billón de Pesos”. Otros políticos, como el senador Jinggoy Estrada y el exsenador Bong Revilla, ya habían sido detenidos previamente en el marco de la misma investigación.
